TEMA 2- LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

  1. Las garantías constitucionales.
  2. Las garantías jurisdiccionales.
  3. Las garantías institucionales
  4. La suspensión de los derechos y libertades
  5. La jerarquía normativa.

1- Garantías constitucionales

Las  garantías constitucionales  son derechos o libertades fundamentales que encarnan la dignidad del hombre y que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos. Son inalienables, y constituyen una salvaguardia del ciudadano frente al intervencionismo del Estado.

La Constitución Española de 1978 contiene, en el Título I, una amplia tabla de Derechos que se erigen en los Fundamentos del Propio Estado de Derecho democrático. Pero junto a esta proclamación, la articulación de un completo y eficaz sistema de garantías de los derechos deviene una exigencia insoslayable en todo Estado de Derecho en el que éstos se conciban como elementos basales de todo ordenamiento.

Así pues, nuestro Texto Constitucional prevé un completo y exhaustivo cuadro de garantías de los mismos, tanto normativas, como jurisdiccionales y extrajudiciales. Cobrando especial significación para la comprensión del sistema de derechos consagrados en nuestro Texto Constitucional el artículo 53, ya que el constituyente español ordena los derechos en atención a las garantías establecidas en este precepto.

En este artículo se establecen garantías normativas y jurisdiccionales (jurisdicción ordinaria y constitucional), a las que se suman las garantías extrajudiciales (art. 54), así como la suspensión de los derechos, que constituyen la defensa extraordinaria de la Constitución. De modo que nuestro Texto Constitucional contempla la garantía de los derechos tanto en época de normalidad, como en la de anormalidad.

Estas garantías internas se completan con las previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que incluye la defensa de los derechos en él contenidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez se hayan agotado todas las vías internas.

Y con las establecidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que asume todos los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como otros derechos y principios derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de la UE, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia y de otros instrumentos internacionales, añadiendo también formulaciones altamente novedosas.

 

Tipos:

  1. LAS GARANTIAS NORMATIVAS

Este apartado regula las garantías normativas o genéricas, que comparten un rasgo común, y es que son mandatos dirigidos a los Poderes Públicos en orden a asegurar el respeto de los derechos fundamentales.

    •  Vinculación de los Poderes Públicos y aplicación directa

El art. 9.1 CE prevé, con carácter general, la sujeción de los ciudadanos y de los Poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y, en consecuencia, la vinculación de los derechos de todos ellos. Dicha vinculación se refuerza en el art. 53.1 al disponer que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I (arts. 14 a 38) vinculan a todos los Poderes Públicos. Esta previsión del artículo 53 no es una mera reiteración, pues los derechos se convierten en el eje vertebrador de todo el ordenamiento constitucional.

Por otro lado, el art. 124.1 CE atribuye al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados. (art. 541 Ley Orgánica del Poder Judicial).

Correspondiéndole, entre otras, “velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa. Art. 3.3 Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. ”

Vinculan al Gobierno y Administración, ya que en la elaboración de sus normas no podrá violar los derechos, ni tampoco en su aplicación, pues actúan con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El artículo 106 encomienda a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

    •  Reserva de Ley y respeto al contenido esencial

El principio de reserva de Ley entraña una garantía esencial de nuestro Estado de Derecho. El significado de esta garantía es “asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de

sus representantes” (STC 83/1984, de 24 de julio). De modo que existe una prohibición de que los derechos sean desarrollados mediante Decretos legislativos y Decretos-Leyes. Toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que limite y condicione su ejercicio, precisa una habilitación legal.

    • Especial rigidez de la reforma constitucional

La Constitución ordena en su Título X dos procedimientos de reforma constitucional: uno ordinario (art. 167, más flexible); otro agravado (art. 168, mucho más rígido, que hace muy difícil su reforma).

Este artículo 168 incluye la reforma que afecta al Capítulo Segundo, Sección Primera del Título I (arts. 14 a 29). Requiere:

La aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes;

Convocatoria de elecciones para Cortes sobre la reforma constitucional; ratificación de la decisión de reforma por estas nuevas Cortes; estudio del nuevo texto propuesto, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras; finalmente, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

 

  1. Las garantías juridiccionales

El artículo 53, dispone, junto a las garantías normativas, otras garantías jurisdiccionales:

El art. 53.1 dispone que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo se tutelarán de acuerdo con lo previsto, el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.

Además, el artículo 53.2 regula: por un lado la tutela de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo Segundo (14 a 29) ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA . Por otro, la tutela de los mismos a través del recurso de amparo ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Este último recurso será aplicable también a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.2 CE. Este se configura como un remedio estrictamente subsidiario, sólo procedente cuando no hayan tenido éxito las demás vías que el Ordenamiento ofrece para la reparación del derecho fundamental, cuya vulneración se haya alegado, ante los Jueces y Tribunales ordinarios.

2.1. La Tutela preferente y sumaria ante la Jurisdicción Ordinaria:

Esta garantía preferente y sumaria es sólo una de las vías de protección jurisdiccional de los derechos encomendada a la Jurisdicción Ordinaria; ya que la Constitución encomienda, en primer lugar a Jueces y Tribunales la protección de los derechos, a través de las vías tanto ordinarias como extraordinarias. En virtud del art. 24 CE “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Estando atribuido el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes (art. 117.3) El procedimiento preferente y sumario regulado en el art. 53. 2 CE, anteriormente estaba regulado en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, como un recurso de amparo preferente y sumario.

Hoy en día aparece regulada en diversas leyes procesales:

GARANTÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Es un procedimiento contencioso-administrativo especial, en el que cabe impugnar cualquier forma de actuación administrativa; y cabe formular las mismas pretensiones que en el proceso Contencioso-Administrativo Ordinario.

  • La especialidad: sólo puede invocarse la violación de un derecho fundamental, sin que quepa hacer valer razones de mera legalidad.

GARANTÍA LABORAL

Ampara las lesiones de los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso.

  • El objeto del proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública.
  • La tramitación de estos procesos tendrá carácter urgente a todos los efectos, siendo preferente respecto de todos los que se sigan en el Juzgado o

GARANTÍA CIVIL

Para la tutela de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental (salvo el derecho de rectificación).

  • Se mantiene el procedimiento previsto para el juicio ordinario con ciertas especialidades: por ejemplo, la preferencia en su tramitación y la intervención del Ministerio Fiscal siempre como parte. • Sin embargo, desaparece la nota de sumariedad.

GARANTÍA JURISDICCIONAL MILITAR

Procedimiento Contencioso-Disciplinario Militar preferente y sumario contra actos de la Administración sancionadora que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales.

  • Es Preferente y Sumario.

2.2.- Otros Procedimientos especiales:

El Derecho de Rectificación: Para la defensa de los derechos al honor, intimidad y propia imagen, Que se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al Director del medio de comunicación en el que se hayan publicado los hechos que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio, dentro de los siete días naturales siguientes al de la publicación o difusión de la información.
Habeas Corpus: Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del Habeas Corpus, frente a las detenciones ilegales.

El inicio del procedimiento puede solicitarlo el Juez de oficio, o a instancia de parte las siguientes personas legitimadas: El detenido, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes, hermanos y representantes legales; El fiscal; El Defensor del Pueblo. También, aunque la norma no se refiera a ello, el Abogado. Tras las fases de admisión del procedimiento, el juez tiene 24 horas para practicar todas las actuaciones de alegaciones y pruebas. Mediante auto motivado podrá estimarlo o desestimarlo.

En materia electoral. Los recursos Contencioso-Electorales frente a los acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos, así como la elección y proclamación de los presidentes de las Corporaciones Locales tienen carácter de urgentes y gozan de preferencia absoluta en su sustanciación y fallo ante las Salas de lo Contencioso- Administrativo competentes.

2.3.- Las Garantías del Artículo 53.3

Este apartado dispone que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores de la política social y económica (arts. 39- 52) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los Poderes Públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Esta regulación, referida no a todos los derecho sociales, sino solo a los regulados en el Capítulo III, del Título I, implica que no generan por sí mismos derechos judicialmente actuables, hasta que no sean desarrollados por el legislador. De modo que, sólo se convierten en derechos subjetivos accionables mediante la concreción por parte del legislador. A pesar de ello, no son normas sin contenido, sino que obligan a los Poderes Públicos a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las Leyes (STC14/1992). Y dichos mandatos conllevan la prohibición de que en la actuación estatal se les perjudique. Estos principios rectores han de complementarse con la Carta Social del Consejo de Europa que es el instrumento internacional que contiene el más completo catálogo de derechos sociales. La Carta que instituye el Comité Europeo de Derechos Sociales determina si la legislación y la práctica en los Estados parte, cumplen con lo establecido en la Carta (artículo 24 de la Carta, enmendada por el Protocolo de Turín de 1991). El Comité realiza un control a través de dos vías: – Un procedimiento de control basado en informes Nacionales, cuyas decisiones, conocidas como “conclusiones”, se publican cada año. Si un Estado no toma medidas con respecto a una decisión del Comité, de modo que no cumple con la Carta, el Comité de Ministros formula una recomendación dirigida a dicho Estado, pidiéndole que cambie la situación en la legislación y/o la práctica. – Un procedimiento de reclamaciones colectivas, por organizaciones internacionales de trabajadores y empresarios, organizaciones nacionales representativas de trabajadores y empresarios, las ONGs internacionales que figuren en el listado, y las nacionales representativas cualificadas en el ámbito de la Carta. El Comité de Ministros adopta una resolución, en la que si lo considera apropiado, puede recomendar que el Estado en cuestión tome medidas específicas para una correcta aplicación de la Carta.

 

3.- LAS GARANTÍAS INSTITUCIONALES: EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Figura prevista en el art. 54 CE y desarrollada por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. Es un alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas, para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución y los principios contenidos en el art. 103.1 de la misma, a cuyos efectos podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Estatuto y Régimen jurídico

Es elegido por las Cortes Generales, por un período de 5 años, en una primera votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, ratificado por esta misma mayoría del Senado. En el caso de no alcanzar dichas mayorías, se procederá en nueva sesión de la Comisión, y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado.

Cese: (art 5), 1ª Por renuncia. 2.ª Por expiración del plazo de su nombramiento. 3.ª Por muerte o por incapacidad sobrevenida. 4.ª Por actuar con notoria negligencia. 5.ª Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.

Desempeña sus funciones con independencia; no sujeto a mandato imperativo alguno y no sujeto a instrucciones de ninguna Autoridad.

Gozará de inviolabilidad por las opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.

En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Su régimen de incompatibilidades está previsto en el art. 7.

Funciones

– Está legitimado para plantear los recursos de inconstitucionalidad y de amparo constitucional, así como para instar el procedimiento de habeas corpus.

– Supervisar la actuación de la Administración, con funciones de inspección.

– El Defensor del Pueblo podrá, de oficio, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local.

– Tras la ratificación por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales atribuyeron al Defensor del Pueblo las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en noviembre de 2009.

Ámbito de sus Funciones

Ejerce sus funciones en todos los ámbitos de la Administración, pero con ciertas salvedades:

– En el ámbito de la Administración de Justicia: Para salvaguardar la independencia de Jueces y Tribunales, las quejas deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal para que éste investigue su realidad o bien, de traslado de las mismas al CGPJ, todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes pueda hacer al tema (art. 13).

– En el ámbito de la Administración militar: el art. 14 LODP le autoriza a velar por el respeto de los derechos proclamados en el Título I de la Constitución, “sin que ello pueda entrañar una interferencia en el mando de la defensa nacional”.

– En el ámbito de las Administraciones Autonómicas, el Defensor del Pueblo ceñirá su actuación al ámbito propio de la Ley, coordinándose y pudiendo solicitar la cooperación de los órganos similares de las Comunidades Autónomas.

 

4.- LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

La Suspensión de los derechos se configura como una garantía de los mismos, ya que ésta sólo procederá de la forma y en los casos en que la Constitución lo determine. Dichas previsiones constitucionales operan, pues, como límite a la actuación de los Poderes Públicos.

  1. Suspensión General

El Art. 55.1 prevé, con carácter general, la suspensión de determinados derechos cuando se acuerde la declaración del Estado de Excepción o de Sitio en los términos previstos en la Constitución. Libertad personal (art. 17); inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones; libertad de circulación, y de entrada y salida del territorio nacional (art. 19); libertad de expresión e información (art. 20); reunión y manifestación (art. 21); huelga (28.2) y la adopción de medidas de conflicto colectivo (37.2).

  1. El Estado de Alarma: Es el primer grado de menor gravedad; declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo de 15 días, dando cuenta inmediata al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no puede procederse a su prórroga. Estamos en presencia de circunstancias producidas por causas naturales o de conflictividad que van más allá del ámbito de la “protección civil”. La declaración de este estado no implica una suspensión de los derechos y libertades, tan sólo puede afectar a la libertad de la circulación o permanencia de personas y vehículos en horas y lugares determinados (artículo 11 LO). Hasta el momento, la única ocasión en que en España se ha proclamado un estado excepcional ha sido mediante el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declaró el Estado de Alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo. La justificación de la declaración del Estado de Alarma vino dada —según se expresaba en la exposición de motivos— por “las circunstancias extraordinarias que concurren por el cierre del espacio aéreo español como consecuencia de la situación desencadenada por el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito aéreo” que constreñían el derecho a la libre circulación (art. 19 CE).
  2. El Estado de Excepción: Declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Deben determinarse de modo expreso sus efectos. Es decir, qué derechos se suspenden, el ámbito territorial al que se extiende, y la duración, que no podrá exceder de 30 días prorrogables por otros 30.

El artículo 13 de la LO establece que el Gobierno podrá solicitar la correspondiente autorización “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto de orden público” resulten gravemente alterados hasta el punto de que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo o mantenerlo.

Su declaración si que afecta de lleno a la suspensión de los derechos y libertades:

  • El derecho a la libertad y seguridad (artículo 17), a excepción de los derechos proclamados en su Apartado
  • Derecho a la inviolabilidad del domicilio (18.2),
  • Derecho al Secreto de las Comunicaciones Postales, Telegráficas y Telefónicas (18.3),
  • Libertad de circulación y residencia (19). Puede prohibirse la circulación de personas y vehículos.
  • Libertad de expresión, producción literaria, artística y técnica, así como el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información,
  • Los derechos de reunión y de manifestación. Quedan excluidas las reuniones orgánicas de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales,
  • Los derechos de huelga y de adopción de medidas de conflicto colectivo pudiendo la autoridad gubernativa proceder a la prohibición de los Caben también medidas como; la expulsión de extranjeros, incautación de armas, cierre provisionales de salas de espectáculos etc

3. El Estado de Sitio: Ha de ser declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Es de mayor gravedad que los anteriores, produciéndose una sustitución de la Autoridad Civil por la Militar, y una extensión de los poderes de la Policía y de la competencia de los Tribunales militares.

Procede su declaración, como dispone el artículo 32 de la LO cuando “Se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía e independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional”.

Puede suponer, además de la adopción de las medidas previstas en la declaración de los Estados de Alarma y Excepción, la suspensión temporal de las garantías constitucionales previstas en el artículo 17.3, es decir, las garantías de que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Así como la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales.

 

Suspensión Individual

La Constitución en el artículo 55.2 contempla la suspensión individual de los derechos y libertades para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. El precepto exige la intervención judicial y el adecuado control parlamentario; pudiendo afectar a los siguientes derechos:

– Duración máxima de la detención preventiva

– Inviolabilidad del domicilio.

– Inviolabilidad de las comunicaciones

Esta suspensión individual está desarrollada en la Ley Orgánica 4/1988, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incorporando sus contenidos a dicha Ley.

– Suspensión del límite temporal de la detención preventiva: art. 520 bis LECr.: el límite temporal de 72 horas es ampliable en otras 48 (un total de 5 días). No obstante, esta ampliación de 48 horas debe ser autorizada por el Juez competente antes del transcurso de las 72 horas.

– La suspensión de la inviolabilidad del domicilio: Párrafo primero del art. 553 LECr. prevé la facultad de los agentes de Policía para proceder de propia autoridad al registro y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido. Dándose cuenta inmediata al Juez competente.

– La suspensión individual de las comunicaciones: art. 579. Pero, en caso de urgencia, tratándose de investigaciones en caso de bandas armadas o elementos terroristas, podrá ordenarla el Ministerio del Interior o Secretario de Seguridad, debiendo notificarse inmediatamente al Juez competente (en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas); haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida

5. La jerarquía normativa