TEMA 1- LA CONSTITUCIÓN DE 1978- INTRODUCCIÓN

3. Fundamentos constitucionales

Con objeto de robustecer la función integradora, la Constitución Española es una constitución formal y escrita (no existe al margen de ella ninguna otra Ley que tenga rango constitucional), rígida, de modo que ella misma (arts. 166 y sigs.) ha previsto procedimientos reforzados para su reforma, y se ha configurado como superior a todas las Leyes y actos del Estado. Por esta última razón el Poder Legislativo tiene a la Constitución como límite infranqueable.

Los 9 artículos del Título Preliminar de la  Constitución española  contienen los principios constitucionales, es decir, los principios fundamentales del orden jurídico-político que configuran el estado.

Para ello se enuncian una serie de valores superiores que impregnan la generalidad del texto, la organización política, el ordenamiento jurídico y la actividad concreta del gobierno y que son premisas fundamentales e identificadoras del  ordenamiento jurídico  de un Estado de Derecho.

Como  principios generales de primer rango, se encuentran los  valores  superiores de n u e s t r o o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o  r e g u l a d o s e n e l a r t . 1 d e la Constitución (libertad,  justicia, igualdad y pluralismo político).

Por otro lado, y como  principios predominantemente  jurídicos, están regulados y garantizados en el apartado 3 del art. 9 de nuestra  Ley Fundamental  los siguientes  principios constitucionales: 1) principio de legalidad; 2)  jerarquía normativa; 3)  publicidad de las normas; 4)  irretroactividad   de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas  de derechos individuales; 5)  seguridad jurídica; 6) responsabilidad, y 7) interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos.

Podemos dividir los principios en:

• Principios con la definición teórica del Estado y de sus valores

La definición de que España es un Estado social y democrático de derecho:

• • Estado de Derecho:  Se basa en el  principio de Legalidad. Las instituciones se organizan según el principio de  división de poderes  y de la pronunciación de una serie de derechos y libertades constitucionales  a los ciudadanos que obligan a todos los poderes y que a su vez los poderes se comprometen a garantizar.
  • Estado Democrático: Se define como aquel en el que el  pueblo, depositario de la  soberanía nacional, elige a sus representantes. A través del sufragio universal  y los derechos colectivos como los de asociación.
  • Estado Social:  Aquel que garantiza a sus ciudadanos el ejercicio real de los derechos sociales, prestándole protección en determinados ámbitos como la vivienda, la enseñanza o la sanidad. Manifestado en el reconocimiento del  derecho de participación  de los ciudadanos en la formación de la voluntad política de los gobernantes y la inclusión de toda una serie de derechos de contenido económico y social.

Valores superiores del ordenamiento jurídico

• Libertad
• Justicia
• Igualdad
• Pluralismo político

y para llevarlos a cabo incluye una serie de ideas rectoras:

• • La conquista del Estado por el derecho: Que afirman la libertad del individuo frente al poder el Estado.
  • La soberanía popular: Que en una sociedad plural exige el pluralismo político.
  • La responsabilidad del estado en el bienestar de sus ciudadanos: Que implica la intervención social del Estado y velar por la igualdad de oportunidades.
  • Diversos principios éticos: Como Justicia, seguridad y legitimidad.

Principios de organización política

• Soberanía popular
• Monarquía parlamentaria
• Unidad de la Nación Española
• Autonomía de las nacionalidades y de las regiones
• Solidaridad interterritorial
• Definición de la lengua oficial del Estado y de las
• Definición de la bandera
• Definición de la capitalidad española en
• Funciones y organización de los partidos políticos.
• Funciones de las Fuerzas

Principios informadores del ordenamiento jurídico

• El poder legislativo esta vinculado a la Constitución y debe respetar los límites establecidos en ella, su incumplimiento supone poder declarar una ley como inconstitucional.

El poder ejecutivo, la actividad administrativa y la jurisdicción están sometidas a la Ley en todas sus actividades, no pudiendo actuar libremente ya que sería desviación de poder.

• Jerarquía El ordenamiento jurídico es un todo estructurado, la Constitución es la base del ordenamiento y las demás normas son su desarrollo.
• División de poderes. Recogido por el art. 66 de la Constitución, declara que las Cortes Generales tienen la potestad legislativa y controlan la acción del gobierno. Esta teoría tiene un verdadero sentido jurídico-político.

Legislativo, cuya misión es hacer las leyes y controlar la acción del Gobierno.

Ejecutivo, tiene por misión ejecutar las leyes y velar por la seguridad interior y exterior del Estado.

Jurisdicción   o Poder judicial, juzga los delitos, controla la actividad de la administración y la legalidad del gobierno.

• Publicidad de las normas y leyes. Principio básico de todo estado de derecho, es la base de la  seguridad jurídica. Para que una norma tenga valor jurídico y garantice su validez, tiene que ser publicada en el boletín oficial  correspondiente, para que todos los ciudadanos tengan acceso al ordenamiento jurídico.
• Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.  Y la retroactividad de las normas favorables. Las normas no pueden regular actuaciones anteriores a su publicación a no ser que sean más favorables al individuo que la Ley que regía en el momento en que se realizó la actuación.
• Seguridad jurídica.  Los jueces tienen control total de la actividad administrativa, las normas y actos de la administración, siempre a posterior, a través de los Tribunales Contenciosos Administrativos.

La Administración tiene autotutela declarativa, ya que tiene la potestad para emitir declaraciones que crean o modifican situaciones subjetivas sin concurso judicial.

La administración tiene autotutela ejecutoria, la potestad para ejecutar sus propias decisiones a través de embargos.

Responsabilidad de los poderes públicos

• Legislativa, cuando el legislador regula una materia de forma contraria a la Constitución, se está incurriendo en responsabilidad y debe ser declarada inconstitucional esa
• Judicial, los tribunales y sus funcionarios son responsables de los daños producidos por error
• Administrativa, la Administración es responsable directa de los daños causados por los Servicios Públicos con independencias de que la actuación sea dolosa o culposa, ya sea voluntaria o por imprudencia.

Interdicción ante la arbitrariedad de los poderes públicos.

Principios informadores de la actividad concreta del Estado

Sometimiento a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico

Promoción de las condiciones para hacer efectivas la igualdad y la libertad. Facilitar la incorporación de todos los ciudadanos a la vida pública.